A UN AÑO DE LA MUERTE DE ADOLFO SUÁREZ


“El paso de los siglos no borrará el eco de su nombre, unido siempre al recuerdo de una justicia social y un progreso como nunca antes conociera nuestra patria. Con él logró España ser una, grande y sobre todo libre de cualesquiera fuerzas extrañas a sus propios designios. La obra de Franco perdurará a través de las generaciones.
Adolfo Suárez (El Alcázar, 21 de novioembre de 1975)

Jerifaltes del régimen franquista, entre ellos el joven Adolfo Suárez, a su izquierda Rodolfo Martín Villa

Al iniciarse 1977 en todo el Estado español se vivía un clima de inquietud y movilización. Tras el fallecimiento del dictador Francisco Franco  las puertas de un futuro esperanzador quedaban abiertas pero no se vislumbraba el camino que había que recorrer y el coste político y humano que habría que pagar para introducir un sistema de libertades públicas e individuales aceptable.

Las fuerzas reformistas incrustadas en el aparato del Estado franquista se disponían a llevar a cabo una estrategia a través de la cual, en una primera fase, se elaboraría una Constitución y se pondrían las bases de un sistema cuyo antecedente inmediato era la Restauración canovista  fundamentada sobre la base de dos grandes partidos políticos, un sistema de alternancia bipartidista.

Inicialmente se procedió a la legalización de diversos partidos políticos como la Unión de Centro Democrático dando paso al Partido Socialista Obrero Español, imprescindible para obtener el beneplácito de las potentes socialdemocracias europeas y por tanto de las democracias occidentales.  La instauración de las fórmulas de gobierno democráticas era un imperativo histórico inaplazable tras la muerte del dictador.

 El entonces Presidente del gobierno, Adolfo Suárez González, hombre procedente de la estructura del Estado franquista en la cual había desempeñado importantes cargos –Procurador en las Cortes por Ávila (1967), Gobernador Civil de Segovia (1968), Director de Radio-Televisión Española (1969)- ocupando en 1975, de la mano de Herrero Tejedor, el puesto de subsecretario general del Movimiento y, al fallecimiento de éste, es nombrado   Ministro Secretario General del Movimiento en el gobierno de  Carlos Arias Navarro, tras el fallecimiento del general Franco,   datos que nos muestran una subida meteórica del delfín de Torcuato Fernández Miranda al cual se le atribuye la estrategia de la transición –en minúscula- de franquismo hacia un sistema formalmente  homologable a los cánones de los estados  de base democrática partiendo desde los presupuestos del propio sistema totalitario a través de la Ley de Reforma Política aprobada en un referéndum sin garantías democráticas en 1976.



Se saludan: Torcuato Fernandez Miranda y Adolfo Suárez González

Desde el control de buena parte del aparato político del sistema franquista,   denominado Movimiento Nacional, -eufemismo para denominar el fosilizado partido único del régimen-, en febrero de 1977, se procedió a la legalización del Partido Socialista Obrero de Español, el cual representaba el límite del juego político previsto. Así, las primeras elecciones tendrían carácter de constituyentes y, en consecuencia, la labor principal sería el de redactar y proponer una Constitución a partir de la cual se abriría al resto de fuerzas políticas excluidas del proceso constituyente entre las cuales se hallaba el Partido Comunista de España y el resto de formaciones a su izquierda.

La agudeza de Adolfo Suárez y los suyos fue el percatarse del hecho de que si se excluía al Partido Comunista de España del citado proceso éste quedaría fuertemente condicionado y, por lo tanto, las bases del nuevo sistema quedarían presumiblemente deterioradas al no gozar del consenso necesario y basarse en la exclusión de la organización política más relevante en el ámbito del antifranquismo, es decir, de la lucha por las libertades democráticas.

Efectivamente, la legalización del Partido Comunista de España un Sábado Santo de 1977 fue, en mi opinión, la clave de bóveda, la pieza que faltaba para que el paso para que la  democracia que había que constituir fuera homologable a nuestros vecinos inmediatos, en especial Francia e Italia donde el Partido Comunista estaba plenamente integrado en el sistema parlamentario y ese fue el acierto de Adolfo Suárez y el grupo que lo respaldaba. El PCE había situado cuatro grandes elementos imprescindibles para asumir un proceso mínimamente aceptable: Amnistía para los presos políticos, aceptación de las libertades básicas –derecho de expresión, asociación, reunión y manifestación- y la exigencia de un gobierno Provisional de amplia coalición que pilotara el proceso hacia la democracia de manera imparcial. Como es sabido ni hubo gobierno Provisional ni las condiciones democráticas de las primeras elecciones de 1977  tuvieron unas garantías aceptables que supusieran un itinerario imparcial sujeto a la igualdad de oportunidades de todos los participantes.



El PCE jugo fuerte para evitar su exclusión del proceso constituyente y poseía los instrumentos políticos para ello. Audazmente Santiago Carrillo se situó en el interior del país poniendo a los reformistas entre la espada y la pared. Desde el año anterior las movilizaciones políticas y sindicales, en un contexto de grave crisis económica agudizada por el inmovilismo del régimen dictatorial y de sus continuadores, convivían en un clima de tensión permanente con atentados terroristas de ETA, GRAPO y FRAP y con una extrema derecha sumamente agresiva que lleno de terror y sangre este espacio temporal.

Ya en enero de 1977 el asesinato a sangre fría del grupo de abogados laboralistas de Comisiones Obreras elevó el clima de tensión en el cual se celebraron los actos de despedida de los asesinatos en una muestra de contención, firmeza y capacidad organizativa donde el PCE mostró su fuerza y capacidad de control.

Asi, el PCE profundizó en su perfil de partido democrático y el 3 de marzo de 1977, a pocos días de la legalización del PCE, Santiago Carrillo se reunió en Madrid con los secretarios generales de los partidos comunistas de Italia y Francia, Enrico Berliguer y Georges Marchais donde se presentó, en líneas generales, lo que entonces se definió como “eurocomunismo”. Se trataba de evidenciar un alejamiento de las pautas de Moscú, reafirmando la condena a la invasión soviética de Checoslovaquia, afirmando su estrategia de cambio a través de un sistema pluripartidista y democrático subrayando el indisoluble lazo entre socialismo y libertad.

Enrico Berlinguer (PCI), Santiago Carrillo (PCE)y George Marchais (PCF) en Madrid con anterioridad a la legalización del PCE

Como tiempo después afirmara el propio Santiago Carrillo, “la izquierda, entonces, estaba en las cárceles, en el exilio y era perseguida y machacada y ya poco o nada tenía que perder. Aceptamos condiciones que no hubiéramos aceptado, probablemente, en un régimen sólido de libertades”.

La democracia, pues, abría su camino hacia un sistema duradero aunque no definitivo. Salir airosamente de una dictadura fundamentada sobre la base de una gran tragedia y de cuarenta años de ocultación, represión y calumnias no era tarea fácil y, desde luego, muy difícil hallar la armonía entrando en un sistema nítidamente democrático.

La Constitución de 1978 recoge el estado político de un momento determinado y expresa la dicotomía de las fuerzas en liza: los herederos del sistema franquista y la oposición democrática. Para unos era el mínimo aceptable y para otros el máximo. El tiempo ya se encargaría de corregir, a favor de la democracia, los desajustes hijos de una transición permanentemente chantajeada por los oscuros poderes fácticos.

Hoy, cuando son mayoría los actuales ciudadanos y ciudadanas que por edad no vivieron aquellos acontecimientos caen muchas recriminaciones al no haberse podido sustanciar unas reformas que, a todas luces, requieren de algo así como una nueva Transición donde deberían quedar esclarecido el modelo de Estado de manera democrática y sin tutelajes ni chantajes para dar cabida a los deseos soberanistas de las nacionalidades y determinar  la forma de Estado que debería proponerse en Referendum para oscultar explícitamente la voluntad popular entorno a la continuidad de la Monarquía o la conveniencia de la República como formas de estado.

La crisis económica que padecemos ha puesto en evidencia un alto grado de desafecto hacia un sistema que, si bien sirvió para salir de un régimen dictatorial, cada vez tiene menos que ver con un futuro nítidamente democrático donde las aspiraciones de los ciudadanos y de las diversas nacionalidades que existen en el interior del Estado español puedan decidir libremente su futuro y se eliminen aquellos aspectos que tutelan y condicionan el devenir democratico y la convivencia ciudadana y, entre ellos la existencia de una monarquía que no ha sido explicitamente refrendada y que contiene aspectos no democráticos como el poder militar que se otorga al monarca el cual debería estar exclusivamente en manos de los poderes emanados de la soberania popular: el parlamento y el gobierno surgido de éste.