LOS ALBACEAS DE LA HERENCIA

Cada vez que algún responsable político del PP desea justificar algo difícilmente justificable, -léase, por ejemplo, un recorte o algún que otro incumplimiento de sus promesas electorales- invariablemente cita la herencia recibida del anterior gobierno. Y esto es así hasta tal punto que, cada vez que los albaceas de la herencia mienten – que no son pocas- la palabra mágica que casi nunca falta es: herencia.

Claro que hay herencia del gobierno anterior al actual, pero no es menos cierto que la herencia que ha motivado el cariz dramático de la crisis que nos afecta se remonta a aquellos años del “España va bien”,  consigna acuñada por José Maria Aznar en plena fiebre del ladrillo. Fue ese político el que puso las bases de la burbuja inmobiliaria allá por 1998 cuando aprobó una reforma de la Ley del Suelo (Ley 6/1998 ) que liberalizó aún más la oferta y, con una política de desgravación fiscal aplicada a la adquisición de bienes inmobiliarios, provocó una marea especulativa que es una de las  causas más notorias que propiciaron la aparición de una  burbuja inmobiliaria motivo principal de las  trágicas consecuencias que siguen la fase de reflujo que suele acompañar a este tipo de  mareas.

Y  ello fue así porque esa liberalización del suelo se vio acompañada de una peligrosísima política de asunción de riesgos por parte del capital financiero – o sea, la banca que ahora hay que rescatar- en el ámbito crediticio que provocó un crecimiento acelerado de la economía basado en gran parte en la puesta en circulación de una gran masa de capital financiado, que, de manera artificial, engrosó  las ganancias de especuladores, promotores inmobiliarios, bancos y cajas incrementando, de la misma manera, los ingresos de las instituciones públicas, las cuales vieron como ese espejismo de desarrollo les beneficiaba arreciando suculentos ingresos a las arcas públicas que asumieron unos gastos que no eran acordes con la riqueza real del país.

De este despilfarro se “beneficiaron” las cuentas del gobierno central, de los municipios y, sobre todo, las comunidades autónomas, a la cabeza las gestionadas por el PP, o sea Madrid y la Comunidad Valenciana. No olvidemos la época de nuestro gran inversor, Jaume Matas, con el Palma Arena, palacios de óperas y congresos y un largo etcétera donde no faltaron botes de Cola-Cao y tarjetas visa sin control.

De todo ello, de esas herencias, es de lo que no suelen hablar ni Montoro ni Rajoy siendo la responsabilidad máxima del Partido Popular de José María Aznar sin que los otros herederos de esa irresponsabilidad, los gobiernos del PSOE, aun estando al corriente de la situación, se mostraron incapaces de pinchar la burbuja y así, a sabiendas, continuaron en el país de jauja, cabalgando sobre un crecimiento que era pura especulación, engaño y, en el mejor de los casos, mera ilusión. Para más información pregunten al exministro socialista  de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastian o léanse el artículo “La razón moral del indignado” de Francesc de Carreras. (La Vanguardia 17/05/2012.)

No en balde, pues, ambos partidos –PP y PSOE- aparecen como máximos responsables de la virulencia de la crisis económica ya que, por mucho que intenten pasarse la pelota uno a otro, su corresponsabilidad es indudable y así es percibido por un número cada vez mayor de ciudadanos tal como reflejan las encuestas. 

Lo paradójico es que deban ser los culpables políticos de la situación los encargados de deshacer el desaguisado y, lo que es peor, que ahora la solución se  halle en manos de  la derecha política y económica de este país la cual, cuando se trata de defender sus intereses y privilegios, su carencia de escrúpulos es de sobra conocida. Sólo con citar el exabrupto soez de la diputada popular Andrea Fabra debería haber suficiente. 

 Pep Vilchez  

12/08/2012

Diario de Mallorca, 14/08/2012

Obscenidades financieras

Según el Banco de España el proceso de recapitalización de las cajas de ahorro ha requerido 13.389 millones de euros. En reciente rueda de prensa el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha declarado que la aportación pública ha ascendido a 7.551 millones de euros por 5.838 del sector privado.

Según acaba de manifestar el mismo Ordóñez, la CAM, cuyo rescate costará más de 2.800 millones de euros a las arcas públicas, es "lo peor de lo peor". Ante esta afirmación es oportuno hacer un poco de memoria y recordar como hace tan solo escasos meses, en marzo pasado, el entonces presidente de la Generalitat valenciana, el popular Francisco Camps, declaraba que la CAM "es una caja ejemplar que genera prosperidad y bienestar".

Antes de la intervención, altos ejecutivos de la Caja se aseguraron elevadas prejubilaciones. Otros miembros de la entidad financiera no fueron menos parcos como nos demuestra el caso de la exdirectora de la CAM quien intentó asegurarse un sueldo vitalicio de 350.000 euros anuales, suculento botín que muestra una codicia sin límites, máxime si consideramos que el coste de estos desaguisados lo pagarán los contribuyentes en un contexto de recortes de los servicios públicos esenciales y fuerte desempleo.

En el caso de otra de las cajas intervenidas, Novacaixagalicia, con 2.465 millones de costo, las cosas van por el mismo camino como evidencia el hecho de que la entidad ha destinado 23,6 millones de euros para hacer frente a la salida de tres altos ejecutivos, montante que también podría ir a cargo de los ciudadanos.

Por si fuera poco, esa escandalosa e indecente situación es simultánea a la existencia de una masa de desahuciados –un total de 16.500 en el segundo trimestre del año en curso– que ven como se esfuma su vivienda por imposibilidad de hacer frente a las cuotas de las hipotecas bancarias. Así, la precariedad económica de los que no pueden hacer frente a los reclamos bancarios se agrava con la pérdida de la vivienda y, en el colmo de la desesperación, por tener que continuar pagando las cuotas de la vivienda que les ha sido sustraída.

Es la irresponsable política de amplios sectores financieros la que en buena parte ha generado la situación de crisis que padecemos con el consiguiente retraimiento de crédito, la recesión y, en el mejor de los casos, el estancamiento del crecimiento económico.

Los dineros de los contribuyentes dedicados al "saneamiento" de las finanzas de estas entidades aventureras no es el único pago que los ciudadanos debemos realizar a estos incalificables culpables, ya que el paro y los recortes sociales son la única alternativa que surge de las mentes de los gobernantes. Algunos de ellos, singularmente el Partido Popular y Convergencia i Unió, obsesionados por recortar lo que más presente y futuro ofrece a la mayoría: la educación y la sanidad pública de calidad y los servicios sociales.

Aquellos políticos megalómanos –como nuestro popular imputado Jaume Matas– no sólo gestionaron mal, como demuestra el caso del Palma Arena, por citar el más conocido, sino que se embarcaron en proyectos de dudosa viabilidad como el Palacio de Congresos cuyo esqueleto ha quedado plantado en la bahía de Palma o el proyecto de construcción del Palacio de la Ópera, sin olvidarnos de la creación de múltiples empresas públicas que hoy se dedican a desmantelar los herederos directos de los que las impulsaron.

El último dato del paro, referido al mes de septiembre del año en curso, ha mostrado un incremento de 95.817 personas que han engrosado las listas del desempleo, casi el doble de las cifras del año pasado en el mismo mes. Continúa, pues, una caída en picado de la actividad productiva. El problema del crecimiento económico es el centro medular de la crisis.

En Europa los gobiernos liderados por el tándem galo-alemán, han optado por una reducción del gasto público lo que, inevitablemente, influye negativamente en el crecimiento de la actividad a la vez que suma otra fuente de desempleo provocada por los recortes en las administraciones públicas.

El propio Fondo Monetario Internacional ha llamado la atención sobre el hecho de que los ajustes para reducir el déficit no deben interferir en el crecimiento, aunque la realidad es que la política de ajuste hasta ahora practicada no está dando los resultados esperados y sigue provocando más paro, sin que se logre activar una economía débil en puertas de una probable segunda recesión de consecuencias incalculables.

Mientras, el pretendiente popular ya se ve inquilino de La Moncloa y un verdadero espectáculo de piruetas dialécticas inunda los medios de comunicación con demagógicas declaraciones que van desde un González Pons que promete tres millones de empleos, que resultan ser solo objeto de un deseo, o la representante en Cataluña deñ Partido Popular, Alicia Sánchez Camacho quien contrariando lo practicado por su partido donde gobierna, como ocurre en nuestras islas, tiene la desfachatez de afirmar que la sanidad y la educación son sagradas.

Al tiempo, profesores y alumnos se movilizan en defensa de la educación pública y en el sector sanitario se introducen drásticos recortes que precarizan la oferta hospitalaria clausurando centros de atención primaria, menguando la capacidad de intervención de los hospitales, disminuyendo la actividad de los quirófanos, además de recortar prestaciones económicas del personal sanitario, tal como ocurre en Cataluña y en otros lugares del Estado.

En ese coro que entona la melodía del recorte hay que sumar a José Ramón Bauza y sus adláteres, quienes, después de aumentarse sus sueldos, han iniciado el camino que lleva al desempleo a cientos de empleados públicos.

Cándido Méndez y Fernández Toxo, UGT y CC OO han situado el problema en su justo lugar ya que la realidad nos muestra que nos hallamos ante el agotamiento del modelo de crecimiento económico y sólo a través de su modificación es razonable pensar que las cosas puedan comenzar a cambiar, aunque por ahora los augures pronostican más crisis, menos crecimiento y mayor desempleo.

Miembro del consell polític de INICIATIVAVERDS-EQUO

Diario de Mallorca

19/10/2011

Chascarrillos

Chascarrillo: "Anécdota ligera y picante, cuentecillo agudo o frase de sentido equívoco y gracioso" (Diccionario de la RAE).

Todo parece indicar que, en nuestro país, el único beneficiario de la crisis económica es el Partido Popular. En realidad se trata de una terrible paradoja ya que las criticas que los populares lanzan, siempre imprecisas y de carácter genérico, día sí y día también, sin piedad y de manera contundente hacia el gobierno de Rodríguez Zapatero, no se suelen complementar con las propuestas alternativas que serian de esperar de los que aspiran a gobernar desde la Moncloa.

Los populares continúan ocultando a la población sus verdaderas intenciones. Dicen que hay que crear empleo; pero no con qué medidas, dicen que la situación es desastrosa, que lo es, pero siguen sin explicar cómo salir de ella.

A cualquier atento observador no se le debería escapar de qué manera piensan hacer frente a la crisis las gentes de Mariano Rajoy. Los populares obedecerían a pies juntillas las exigencias exteriores y atajarían por el camino que ya vemos como cuaja en la Cataluña convergente de Artur Mas. Allí, en el parlamento catalán, los recortes sanitarios y en beneficios sociales se han evidenciado en unos presupuestos totalmente apoyados por el Partido Popular el cual, a más a más, obtiene el beneficio de poseer un alcalde de claros tintes xenófobos en Badalona con la aquiescencia de CiU.

Estamos ante una de las mayores estafas políticas de la democracia. Ahora, a poco tiempo de las elecciones generales, con un mapa azul de envergadura, toca continuar erosionando al gobierno para que tome las medidas que, en cualquier caso, si el PP gobernara también tomaría, pero con contenidos aún más lesivos para los intereses de la mayoría de la población.

Ahora, recortes en cargos y sueldos que no son más que el chocolate del loro por su escasa entidad y después veremos fallecer el Estado del Bienestar con recortes drásticos en áreas como la sanidad y la educación así como en las prestaciones sociales. ¿Alguien lo duda?

Los populares saben que la crisis deteriora seriamente el apoyo popular de todos los gobiernos que la gestionan. Tanto la derecha como la izquierda política, de Sarkozy y Berlusconi a Papandreu y Zapatero, incluso la conservadora Angela Merkel recoge un desgaste entre sus electores. Así lo evidencian las últimas elecciones regionales francesas, los recientes comicios municipales en Italia o el fuerte retroceso del partido conservador alemán en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt donde los verdes duplicaron sus resultados electorales.

Por supuesto, la crisis desgasta con mayor virulencia a los gobernantes de los países europeos más débiles: Grecia, Irlanda y Portugal y en una situación comprometida se encuentra España. Los populares centran todas sus esperanzas y estrategias en ahondar en la erosión que la situación provoca para obtener beneficio electoral. Vaya por delante mi disconformidad con las medidas que toma el gobierno socialista. Considero que hay otros caminos para hacer frente a la crisis que no sea sobre la base de incrementar el sufrimiento de la mayoría, pero me indigna –hay muchas razones para indignarse– ver el oportunismo político de los que utilizan la crisis sólo con el objetivo preferente de alcanzar el poder, a cualquier precio, sin escrúpulos y sin sentido de la responsabilidad

Si alguien duda de lo que hasta aquí expuesto baste con observar y oír las reiteradas interpelaciones de Soraya Sáenz Santamaría o de Pío García-Escudero quienes a fuerza de repetir chascarrillos y ocurrencias exclusivamente dirigidas al rédito electoral, una en el Parlamento y otro en el Senado, han llegado a hartar de tanto espectáculo circense al común de los mortales hastiados de tantos sarcasmos y frivolidades a costa de una crisis que afecta a muchos y de la cual todo indica que sólo intentan sacar tajada.

Palma, 24 de julio 2011

Su único objetivo

Ninguno de los gobiernos de los países afectados por la crisis financiera pudo prever la magnitud y las consecuencias económicas del crack. La reacción de los poderes políticos fue un arrebato de primeros auxilios que supuso un enorme desembolso, procedente de las arcas públicas, destinado al rescate de las entidades financieras e incluso de importantes sectores industriales –como sucedió con empresas automovilísticas.

El gobierno de Rodríguez Zapatero, vinculado a una política de corte socialdemócrata en lo económico y progresista en relación a la ampliación de derechos individuales y colectivos, reaccionó negando la evidencia por la convicción, compartida por amplios sectores de la banca, el comercio y la industria, de que asumir la presencia de la crisis provocaría su aceleración y desarrollo.

En el Estado español, la crisis generalizada destapó una latente situación anómala en el sector inmobiliario, la denominada burbuja, largamente alimentada por la banca a través del crédito a la promoción constructiva y un fácil acceso a la propiedad por la vía del crédito hipotecario.

El dinamismo del anterior crecimiento económico resultó fatal al no fundamentarse en la economía productiva y ceñirse al desembolso financiero, fomentando el endeudamiento interbancario –especialmente con la banca francesa y, en menor medida con la alemana–, empresarial y de las economías domésticas lo que se convirtió en un verdadero talón de Aquiles de la economía española.

La crisis afectó de lleno al sector de la construcción. La especulación se había adueñado del negocio inmobiliario provocando una subida sostenida y desorbitada del precio del suelo y de los bienes inmobiliarios, apareciendo personajes característicos cuyo perfil nos ofrece la faz del período, baste con citar al llamado El Pocero o la hiperactividad de un Enrique Grande.

La especulación aceleró la corrupción política generalmente vinculada al pelotazo inmobiliario y al impulso de grades proyectos faraónicos que hoy están en entredicho al sumarse despilfarro, ineficiencia y corrupción, como muestra basta con evocar los casos objeto de proceso judicial que se siguen en Mallorca, por cierto, exclusivamente protagonizados por la derecha política a través de la gestión del Partido Popular y Unió Mallorquina.

Son los años del efecto llamada que determinó la llegada de cientos de miles de inmigrantes atraídos por el espejismo de una economía en constante crecimiento. De ese festín participaron tanto los gobiernos de Rodríguez Zapatero como los de José María Aznar así como municipios y comunidades autónomas con independencia de su signo político.

De hecho, la situación de unas arcas públicas repletas coadyuvó a que los gobiernos de Zapatero activaran el desarrollo del gasto social proteccionista. Era la hora de repartir y de desarrollar una loable política de ampliación de derechos sociales, aunque exclusivamente sustentada en el espejismo desarrollista.

La primera reacción del gobierno de Zapatero frente a la caída de la actividad se limitó al incremento del gasto público, con el objetivo de reducir el impacto de los efectos nocivos del crecimiento del desempleo, poniendo en marcha el llamado Plan E financiado por lar arcas del Estado, gestionado en gran parte por los municipios y destinado a fomentar la actividad de las empresas privadas beneficiadas de la contratación de obra pública. Paralelamente se adoptaron importantes medidas de ampliación de la cobertura económica de los desempleados.

Esas actuaciones, que hoy cabe considerar miopes e improvisadas, partían de la convicción de que con estas medidas era susceptible desactivar la desaceleración por la creencia de encontrarse ante una crisis de ciclo corto. Esta percepción afectó a múltiples países perdurando hasta colisionar con la evidencia de hallarse ante una crisis de largo alcance, cuya magnitud y profundidad en Europa quedaba demostrada por el caso griego y la caída del paradigma neoliberal irlandés.

La realidad mostró una situación mucho más compleja que destapó todos los antagonismos que el sistema de mercado venía arrastrando. La globalización y la irrupción en la economía de mercado de los antiguos países de la COMECON, la penetración en los mercados de la liberalizada economía china, la eclosión de las economías de parte del sudeste asiático, así como de países emergentes de amplia base poblacional como India o Brasil, provocó un severo desajuste en la correlación de fuerzas internacional surgida de los conflictos bélicos mundiales del siglo XX.

El hundimiento griego puso en evidencia la gravedad de una situación que amenazaba seriamente la estabilidad del proyecto europeo. Las economías más débiles pasaron a estar en el punto de mira de los mercados de adquisición de deuda pública que desconfiaban de su solvencia. Al rescate de Grecia, le sucedió Irlanda y Portugal tiembla ante la posibilidad de la irrupción desestabilizadora; España aparece como la posible víctima siguiente.

En este contexto, el gobierno socialista adopta un cambio radical en su política económica y se pliega sin fisuras a las exigencias externas con el fin de poder garantizar la fiabilidad suficiente para poderse nutrir de la financiación necesaria, por la vía de le emisión de deuda pública, que se encuentra amenazada por una política de tipos elevados. De ahí la congelación de las pensiones y de los salarios de los funcionarios públicos, le Reforma Laboral y los proyectos de modificación del sistema de pensiones.

Así las cosas, no es razonable pensar que el Partido Popular posea otra política que la que está aplicando en la actualidad el gobierno de Rodríguez Zapatero y, en cualquier caso, si en algo diferiría sería en una mayor dureza en las medidas de ajuste, lo cual, con seguridad, redundaría en un mayor menoscabo de los derechos y condiciones de vida de los ciudadanos, incluidos pensionistas y funcionarios.

No podría ser de otra manera ya que no poseen otra política que la del recorte del gasto público y, por tanto, se miente por omisión al ocultar a la opinión pública las verdaderas intenciones negándose a concretar las medidas que en su caso adoptarían. Del partido de Mariano Rajoy sólo consta fehaciente existencia de una actitud oportunista: el beneficiarse de la crisis con el único objetivo de la toma del poder político, primero en municipios y comunidades autónomas y, posteriormente, en la Moncloa.

Pero, la realidad es que esta situación relatada, no es percibida así por parte de los que verdaderamente acaban decidiendo el color de los futuros gobiernos. Me refiero a los llamados indecisos, amplio sector del electorado que suele coincidir con la franja más desinformada de la población y, por tanto, la que presenta mayor posibilidad de ser engañada y manipulada.

El único mérito que poseen Rajoy y los suyos es el no hacer nada y obstaculizar la recuperación económica y el desmérito que les acompaña no es otro que el estar anclados en la mentira como estratégica que les facilite deshacerse del lastre de la corrupción política y presentarse como salvadores, aunque sea sin salvavidas.

Diga lo que diga José María Aznar, no es imaginable que Mariano Rajoy, en el supuesto de alcanzar plaza en la Moncloa, hiciera odios sordos a las tiranas exigencias de los mercados.

Palma, 16 enero 2011-01-14

Pep Vílchez

Publicat a Diario de Mallorca, 21/01/2011

La crisis y el fin de la Historia

Suele ser frecuente atribuir a determinadas fechas un especial poder simbólico que nos indica un antes y un después. Así, cuando en noviembre de 1989 se produjo la caída del muro de Berlín y el consiguiente desplome del comunismo soviético algunos – Francis Fukuyama, 1992 – consideraron llegado el final de la confrontación ideológica entre los sistemas socialista y capitalista, augurando el fin de la Historia y el definitivo triunfo del neoliberalismo y del sistema capitalista.

Pero los acontecimientos no se fueron sucediendo de manera tan sencilla y la Historia, envidentemente, no sólo no finalizó sino que abrió nuevos escenarios iniciados, convencionalmente, con el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 2001, que dio paso al surgimiento del terrorismo yihadista como nuevo enemigo global y proporcionó una falsa excusa para las guerras de Irak y Afganistán, al tiempo que agravaba la desestabilización de buena parte del mundo islámico y el recrudecimiento del conflicto palestino.

Otra fecha se nos antoja inicio de una nueva realidad, de un nuevo escenario: el 15 de septiembre de 2008, que coincide con la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers y el inicio de una crisis financiera de gran magnitud que pone en entredicho el orden económico vinculado al neo-liberalismo el cual, de presuntamente infalible, ha pasado a mostrar su incapacidad parar crear una prosperidad estable y duradera. De nuevo aparece el fantasma de la desigualdad vinculada a una inestabilidad que toca de lleno la credibilidad del sistema,

Recientemente Joaquín Estefanía realizaba la siguiente afirmación: La especulación es el corazón de la actividad financiera, cambiaria o bursátil, no una excrecencia del sistema. (Crecimiento o barbarie, El País, 16/05/10),

Pues, bien, esos especuladores – referidos por Estefanía en su artículo - son los que ahora se mueven y lucran entre los vendavales financieros, acechando sobre la inestabilidad de los mercados bursátiles provocando situaciones extremas que, como sucedió en la primer semana de mayo, generaron espectaculares caídas de los mercados de valores con fuertes pérdidas auspiciadas por el fantasma de la crisis griega y la inconsistencia de economías frágiles como la española o la portuguesa.

Fue esta situación la que determinó la urgente reunión, el 10 de mayo en Bruselas, de los ministros de Finanzas de la zona euro en el denominado Consejo de Economía y Finanzas (Ecofin) a la cual asistió la ministra de Economía, Elena Salgado, quien explicitó a los medios de comunicación el interés comunitario en respaldar la moneda europea con la decisión de crear un fondo anticrisis de 750.000 millones de euros en defensa de la zona euro frente los ataques de los especuladores.

Se abría así la vía del “cambiazo” en la política del gobierno de Rodríguez Zapatero el cual, inmerso en la confusión y el desaliento, se apresura a utilizar las recetas del Fondo Monetario Internacional y las exigencias de sus socios europeos con el fin de recortar drásticamente el endeudamiento público, aplicando un ajuste duro en el marco preferente del recorte de los gastos de Estado.

La premura de las decisiones con altas dosis de improvisación colisiona con una realidad compleja cuyo origen se sitúa no sólo en los desajustes de la crisis financiera internacional y en el gasto público sino en las peculiaridades del espejismo creado por el “boom inmobiliario” que ha dado paso a la creación de una “burbuja” que ha arrastrado el déficit de la deuda privada de empresas, bancos y particulares, al límite de la catástrofe.

Ahora, las consecuencias de la era del ladrillo, la corrupción y la financiación irresponsable que tan bien personalizan determinados promotores inmobiliarios de sobra conocidos y los gerentes políticos del desarrollismo, las pagan los que menos tienen: pensionistas con emolumentos congelados, funcionarios con sueldos rebajados y el inexorable crecimiento de las tasas de paro fruto del retraimiento económico provocado por las medidas de contención propuestas por el gobierno y aprobadas por el parlamento con el escuálido respaldo del PSOE.

Por si fuera poco, el FMI – al igual que otras organizaciones, como la propia OCDE - , exige al gobierno una urgente reforma laboral que, como es de sobra conocido, tiene como objetivo prioritario una mayor flexibilización de los contratos de trabajo, el abaratamiento del despido y la desigualdad salarial entre grupos homogéneos hasta ahora vinculados a los resultados de la negociación colectiva. Con toda probabilidad, de ahí surgirá el inicio de una reforma aprobada al margen de la negociación entre los agentes sociales, decretada unilateralmente por el gobierno lo cual agudizará el conflicto social y propiciará la movilización generalizada de los sindicatos mayoritarios CC.OO y UGT lo que previsiblemente culminará con una convocatoria de huelga general.

Ante esta situación mucho se habla de implicar a los que más tienen, pero todo indica que no es más que una pantalla para ocultar el hecho de que el peso de los sacrificios recaerá sobre las clases populares: asalariados, parados y pensionistas.

Al mismo tiempo, el PP, principal partido de la oposición, no posee otra política que oxigenarse a través de los problemas del país y para tal objetivo no duda en aprovechar la desgracia de tantos y tantos para conseguir su único propósito, la conquista del poder político, al tiempo que intenta ocultar los efectos nocivos de los casos de corrupción que le salpican de manera persistente y generalizada incluyendo una presunta financiación ilegal del propio partido como apuntan los indicios investigados por la justicia en Valencia y Baleares y todo lo que se va conociendo de la trama Gürtel.

Pero, ¿tienen los gobernantes otros recursos que no sea asaltar los bolsillos de los que menos tienen? Seguro que si, pero eso no se improvisa. Expongamos un caso evidente: el fraude fiscal. Técnicos de la Agencia Tributaria sostienen que si España lograra bajar el fraude diez puntos porcentuales, lo que nos situaría en la media de la Unión Europea, significaría aflorar 90.000 millones de euros y recaudar 25.000 millones de euros adicionales, sólo por impuestos.

Pero la realidad es la que subyace en un país donde se calcula que el 80 por ciento de las operaciones con billetes de 500 euros son fraudulentas, no faltando ejemplos ilustrativos en las corruptelas locales, siendo el caso más significativo, por su relevancia, la aceptación en sede judicial, por parte del que fuera conseller de Economía y Hacienda y ex presidente del Govern Balear, Jaume Matas, de haber defraudado al fisco de manera suculenta y continuada.

Para aumentar los ingresos del Estado por la vía recaudatoria, persiguiendo el fraude, se necesita previsión y tiempo, el mismo que no se utilizó para atajar ese diferencial que tanto nos aleja de los modelos económicos y sociales más solventes de Europa y que obstruye y dificulta la implantación de un modelo de protección social imprescindible para el desarrollo de un de Estado del Bienestar consistente y viable.

Pep Vílchez

28/05/2010