“El paso de los siglos no borrará
el eco de su nombre, unido siempre al recuerdo de una justicia social y un
progreso como nunca antes conociera nuestra patria. Con él logró España ser
una, grande y sobre todo libre de cualesquiera fuerzas extrañas a sus propios
designios. La obra de Franco perdurará a través de las generaciones.
Adolfo Suárez (El Alcázar, 21 de novioembre de 1975)
Jerifaltes del régimen franquista, entre ellos el joven Adolfo Suárez, a su izquierda Rodolfo Martín Villa
Al iniciarse 1977 en todo el Estado
español se vivía un clima de inquietud y movilización. Tras el fallecimiento
del dictador Francisco Franco las puertas de un futuro esperanzador quedaban
abiertas pero no se vislumbraba el camino que había que recorrer y el coste
político y humano que habría que pagar para introducir un sistema de libertades
públicas e individuales aceptable.
Las fuerzas reformistas incrustadas
en el aparato del Estado franquista se disponían a llevar a cabo una estrategia
a través de la cual, en una primera fase, se elaboraría una Constitución y se
pondrían las bases de un sistema cuyo antecedente inmediato era la Restauración
canovista fundamentada sobre la base de
dos grandes partidos políticos, un sistema de alternancia bipartidista.
Inicialmente se procedió a la
legalización de diversos partidos políticos como la Unión de Centro Democrático
dando paso al Partido Socialista Obrero Español, imprescindible para obtener el
beneplácito de las potentes socialdemocracias europeas y por tanto de las
democracias occidentales. La
instauración de las fórmulas de gobierno democráticas era un imperativo
histórico inaplazable tras la muerte del dictador.
El entonces Presidente del gobierno, Adolfo
Suárez González, hombre procedente de la estructura del Estado franquista en la
cual había desempeñado importantes cargos –Procurador en las Cortes por Ávila
(1967), Gobernador Civil de Segovia (1968), Director de Radio-Televisión
Española (1969)- ocupando en 1975, de la mano de Herrero Tejedor, el puesto de
subsecretario general del Movimiento y, al fallecimiento de éste, es nombrado Ministro Secretario General del Movimiento en
el gobierno de Carlos Arias Navarro,
tras el fallecimiento del general Franco, datos que
nos muestran una subida meteórica del delfín de Torcuato Fernández Miranda al
cual se le atribuye la estrategia de la transición –en minúscula- de franquismo
hacia un sistema formalmente homologable
a los cánones de los estados de base
democrática partiendo desde los presupuestos del propio sistema totalitario a
través de la Ley de Reforma Política aprobada en un referéndum sin garantías
democráticas en 1976.
Se saludan: Torcuato Fernandez Miranda y Adolfo Suárez González
Desde el control de buena parte del
aparato político del sistema franquista, denominado Movimiento Nacional, -eufemismo para
denominar el fosilizado partido único del régimen-, en febrero de 1977, se
procedió a la legalización del Partido Socialista Obrero de Español, el cual
representaba el límite del juego político previsto. Así, las primeras
elecciones tendrían carácter de constituyentes y, en consecuencia, la labor
principal sería el de redactar y proponer una Constitución a partir de la cual
se abriría al resto de fuerzas políticas excluidas del proceso constituyente
entre las cuales se hallaba el Partido Comunista de España y el resto de
formaciones a su izquierda.
La agudeza de Adolfo Suárez y los
suyos fue el percatarse del hecho de que si se excluía al Partido Comunista de
España del citado proceso éste quedaría fuertemente condicionado y, por lo
tanto, las bases del nuevo sistema quedarían presumiblemente deterioradas al no
gozar del consenso necesario y basarse en la exclusión de la organización
política más relevante en el ámbito del antifranquismo, es decir, de la lucha
por las libertades democráticas.
Efectivamente, la legalización del
Partido Comunista de España un Sábado Santo de 1977 fue, en mi opinión, la
clave de bóveda, la pieza que faltaba para que el paso para que la democracia que había que constituir fuera
homologable a nuestros vecinos inmediatos, en especial Francia e Italia donde
el Partido Comunista estaba plenamente integrado en el sistema parlamentario y
ese fue el acierto de Adolfo Suárez y el grupo que lo respaldaba. El PCE había
situado cuatro grandes elementos imprescindibles para asumir un proceso mínimamente
aceptable: Amnistía para los presos políticos, aceptación de las libertades básicas
–derecho de expresión, asociación, reunión y manifestación- y la exigencia de
un gobierno Provisional de amplia coalición que pilotara el proceso hacia la
democracia de manera imparcial. Como es sabido ni hubo gobierno Provisional ni las condiciones democráticas de las primeras elecciones de 1977 tuvieron
unas garantías aceptables que supusieran un itinerario imparcial sujeto a la
igualdad de oportunidades de todos los participantes.
El PCE jugo fuerte para evitar su
exclusión del proceso constituyente y poseía los instrumentos políticos para
ello. Audazmente Santiago Carrillo se situó en el interior del país poniendo a
los reformistas entre la espada y la pared. Desde el año anterior las
movilizaciones políticas y sindicales, en un contexto de grave crisis económica
agudizada por el inmovilismo del régimen dictatorial y de sus continuadores, convivían
en un clima de tensión permanente con atentados terroristas de ETA, GRAPO y
FRAP y con una extrema derecha sumamente agresiva que lleno de terror y sangre
este espacio temporal.
Ya en enero de 1977 el asesinato a
sangre fría del grupo de abogados laboralistas de Comisiones Obreras elevó el
clima de tensión en el cual se celebraron los actos de despedida de los
asesinatos en una muestra de contención, firmeza y capacidad organizativa donde
el PCE mostró su fuerza y capacidad de control.
Asi, el PCE profundizó en su perfil
de partido democrático y el 3 de marzo de 1977, a pocos días de la legalización del
PCE, Santiago Carrillo se reunió en Madrid con los secretarios generales de los
partidos comunistas de Italia y Francia, Enrico Berliguer y Georges Marchais
donde se presentó, en líneas generales, lo que entonces se definió como
“eurocomunismo”. Se trataba de evidenciar un alejamiento de las pautas de Moscú,
reafirmando la condena a la invasión soviética de Checoslovaquia, afirmando su
estrategia de cambio a través de un sistema pluripartidista y democrático
subrayando el indisoluble lazo entre socialismo y libertad.
Enrico Berlinguer (PCI), Santiago Carrillo (PCE)y George Marchais (PCF) en Madrid con anterioridad a la legalización del PCE
Como tiempo después afirmara el
propio Santiago Carrillo, “la izquierda,
entonces, estaba en las cárceles, en el exilio y era perseguida y machacada y
ya poco o nada tenía que perder. Aceptamos condiciones que no hubiéramos
aceptado, probablemente, en un régimen sólido de libertades”.
La democracia, pues, abría su camino
hacia un sistema duradero aunque no definitivo. Salir airosamente de una
dictadura fundamentada sobre la base de una gran tragedia y de cuarenta años de
ocultación, represión y calumnias no era tarea fácil y, desde luego, muy
difícil hallar la armonía entrando en un sistema nítidamente democrático.
La Constitución de 1978 recoge el
estado político de un momento determinado y expresa la dicotomía de las fuerzas
en liza: los herederos del sistema franquista y la oposición democrática. Para
unos era el mínimo aceptable y para otros el máximo. El tiempo ya se encargaría
de corregir, a favor de la democracia, los desajustes hijos de una transición
permanentemente chantajeada por los oscuros poderes fácticos.
Hoy, cuando son mayoría los actuales
ciudadanos y ciudadanas que por edad no vivieron aquellos acontecimientos caen
muchas recriminaciones al no haberse podido sustanciar unas reformas que, a
todas luces, requieren de algo así como una nueva Transición donde deberían
quedar esclarecido el modelo de Estado de manera democrática y sin tutelajes ni
chantajes para dar cabida a los deseos soberanistas de las nacionalidades y
determinar la forma de Estado que
debería proponerse en Referendum para oscultar explícitamente la voluntad
popular entorno a la continuidad de la Monarquía o la conveniencia de la República
como formas de estado.
La crisis económica que padecemos ha
puesto en evidencia un alto grado de desafecto hacia un sistema que, si bien
sirvió para salir de un régimen dictatorial, cada vez tiene menos que ver con
un futuro nítidamente democrático donde las aspiraciones de los ciudadanos y de
las diversas nacionalidades que existen en el interior del Estado español
puedan decidir libremente su futuro y se eliminen aquellos aspectos que tutelan y condicionan el devenir democratico y la convivencia ciudadana y, entre ellos la existencia de una monarquía que no ha sido explicitamente refrendada y que contiene aspectos no democráticos como el poder militar que se otorga al monarca el cual debería estar exclusivamente en manos de los poderes emanados de la soberania popular: el parlamento y el gobierno surgido de éste.
