Entiende el que suscribe que para una lucha efectiva contra la corrupción que nos acosa es imprescindible que se den, como mínimo y con independencia de su orden, tres circunstancias:
Una dotación adecuada de medios humanos y materiales al servicio de jueces y fiscales para poder desarrollar y culminar con efectividad su función en defensa de la legalidad y de los intereses generales.
Una colaboración efectiva desde partidos políticos, organizaciones sociales y medios de comunicación en esclarecer los hechos con independencia de sus intereses de parte.
Un clima de repudio ciudadano que prime una conciencia cívica sobre cualquier tipo de relativismo indulgente o desinteresado.
Sobre el primer supuesto influye de manera casi determinante la voluntad política de los gobernantes, en este caso el gobierno de Rodríguez Zapatero, en llegar hasta al final dotando de los medios necesarios a los servidores de la ley ya que, en caso contrario, sólo se propicia la ineficacia y, por tanto, la idea de impunidad que se deriva del hecho de que jueces y fiscales no cuenten con los medios necesarios para culminar su labor.
Por lo que se refiere al segundo supuesto, quiero referirme al caso de Bartomeu Vicens ya que, de alguna manera, puede ilustrarnos de cómo no deben hacerse las cosas desde algunos medios de comunicación y partidos políticos. En este asunto, desde determinados ámbitos, se sostienen actitudes exculpatorias hacia el inculpado que muestran un nivel de indulgencia -que en otras ocasiones similares no se ha manifestado-, sin percatarse que con ello no solo pierden credibilidad sino que realizan un flaco servicio a la inmensa tarea de adecentar el ágora.
Yo no sé si el señor Batomeu Vicens será finalmente condenado por los diversos delitos que la fiscalía le imputa, pero lo cierto es que su vinculación como procesado en diversas causas abre el portal de la sospecha. Pero lo que es inadmisible, es que según la “hoja de servicios”, afinidad o intereses partidistas se sea más o menos indulgente con el político de turno sujeto a imputación judicial.
No es de recibo – como gusta decir ahora – que entre los argumentos que se exhiben como atenuante para evitar la dimisión de Bartomeu Vicens como portavoz de Unió Mallorquina en el Parlament Balear se tenga en consideración el haber diseñado, propiciado o facilitado el hundimiento electoral del Partido Popular por el camino de profundizar por la senda del destape de la corrupción urbanística o el ser uno de los artífices del pacto progresista del tripartido balear. No se puede obviar, de ninguna de las maneras, que el inculpado, en este caso, es acusado de practicar el enriquecimiento irregular de su patrimonio por la vía del pelotazo de las reclasificaciones urbanísticas interesadas e irregulares y ese comportamiento no debe poseer ni atenuantes ni ningún tipo de deferencia, pese a quién pese.
La participación de Bartomeu Vicens en las gravísimas anomalías que la fiscalía a detectado en el Plan Territorial de Mallorca o su evidente protagonismo en las irregularidades cometidas en las reclasificaciones de Son Oms, ponen al diputado uemita en el foco de una muy solvente sospecha y, por ello, debe abandonar el mundo del protagonismo político, limpiar su imagen, si es posible, y, una vez aclarado lo confuso, volver al escenario público o marcharse definitivamente a su casa, siendo esta última opción la más razonable.
No es nada constructivo, pues, que desde determinados medios y partidos políticos se eche un capote a los que se encuentran bajo sospecha si estos son sujeto de simpatía o portadores de servicios de parte y, simultáneamente, echar mal de ojo a los que no. Sobre cualquier criterio, la democracia y el velo que cubre la vista de la justicia deben actuar, hasta las últimas consecuencias, para situar cada cosa en su sitio, de lo contrario, hacer parte y arte en cada caso es sencillamente inaceptable.
Hoy nadie duda que no sólo desde el partido popular se ha dado manga ancha a la corrupción y todas sus secuelas ya que el largo maridaje entre populares y uemitas y una extendidísima desconfianza pone al partido bisagra, - sin alma y sin ideología - en el ojo del huracán que mueve los vientos que exigen la prueba del algodón a todos los que han contribuido al embrutecimiento de nuestra vida pública.
El tercer supuesto, el de la conciencia cívica, debe incentivarse y jugar un papel determinante. En definitiva, una de las grandezas de la democracia es situar la última palabra en manos de los ciudadanos. Y debe entenderse, sobre cualquier otra consideración, que son estos los que sufren las consecuencias de los comportamientos irregulares y corruptos siendo el patrimonio colectivo –aportado por impuestos y esfuerzo común- el que es expoliado por políticos desaprensivos - en comandita con los “socios” particulares necesarios e imprescindibles- cuya falta de escrúpulos tiene un innegable origen entre una extendida actitud egoísta cómplice activa o pasiva de los que priman el interés particular sobre cualquier otro criterio.
Pep Vílchez
06/06/2008
06/06/2008
