En estos últimos tiempos mucho se ha escrito y hablado sobre el tema de la corrupción en Mallorca. No es para menos, ya que el escándalo continuo es supino. Todo tipo de reflexiones han venido a convenir en su rechazo y repugnancia.
Uno tiene la sensación de que entre la ciudadanía, a estas alturas, la interminable afloración de impúdicos asuntos está provocando un cierto hartazgo no exento de indignación, ya que se considera víctima de una burla protagonizada por unos políticos –generalmente vinculados al PP– que esgrimieron la eficacia como anzuelo electoral y que han demostrado poseer un escaso sentido de servicio público y una acentuada avidez depredadora de los caudales ajenos.
Para mayor sarcasmo, resulta que buena parte de los responsables del desaguisado –entre los cuales es imprescindible citar al fugado Jaume Mates– suelen ser los mismos que han obtenido un sonado suspenso en materia de gestión, toda vez que su ineficacia ha provocado graves deficiencias -entre ellas el fiasco del Metro– que a la postre nos cuestan, como se dice vulgarmente, un ojo de la cara.
Por si fuera poco, la corrupción “al detall” –aquella que se encuentra vinculada a actuaciones singulares de personajes tangibles, generalmente auto exculpados por su entorno que les considera víctimas de desequilibrios provocados por presuntas enfermedades–, abre paso a la aparición de un modelo de corrupción más complejo y sofisticado.
Efectivamente, se esta revelando la existencia de un salto cualitativo en las prácticas corruptas que afecta al entorno encastillado de la cúspide del Partido Popular, sin excluir la participación de destacados dirigentes de Unió Mallorquina. Los datos conocidos apuntan hacia un mayor nivel de implicación de las áreas dirigentes del entramado político citado, las cuales no pueden esgrimir coartadas relacionadas con enajenaciones pasajeras producidas por desajustes patológicos.
Me refiero, especialmente, a las situaciones generadas en la aplicación del Plan Territorial de Mallorca (PTM) en lo que afecta a las denominadas áreas de reconversión territorial (ART). Ahí aparecen unos comportamientos reprochables, de mayor gravedad cualitativa, pues se pasa de las acciones irregulares concretas y singularizadas a un plano de intervención que va más allá de la responsabilidad individual ya que su desarrollo necesita de la existencia de unos niveles de complicidad necesariamente relacionados con la cúspide del iceberg político, así como de la connivencia de determinados poderes económicos.
La Fiscalía Anticorrupción ha evaluado en 297 millones de euros el montante de los “pelotazos” generados a través del Plan Territorial de Mallorca (PTM) por medio de las ART y ahí las responsabilidades pueden afectar a los que participaron en comandita en los procesos, en las compras, ventas, regateos y pujas generadas para hacerse con los trozos más suculentos de la tarta que, en este caso, es la isla de Mallorca
En otro orden, no deja de ser llamativo que presuntos implicados en las gestiones irregulares relacionadas con las áreas de reconversión territorial (ART) sean los mismos que han protagonizado una política de oposición y obstaculización hacia los objetivos del gobierno que preside Francesc Antich de priorizar la construcción de viviendas sociales a precios accesibles, lo que pone de manifiesto el sentido desaprensivo de los mentados ya que los mismos que dan manga ancha a la especulación corrupta, la misma que genera beneficios privados inconfesables, a su vez practican la ley del embudo cuando se trata de satisfacer las demandas de los más necesitados que en el asunto de la vivienda son la mayoría de la población.
Por lo que se refiere a los casos de corrupción ya conocidos, cuya casuística variopinta nos ha ofrecido las diversas variantes de la picaresca –asumiendo un protagonismo estelar el modelo tarjeta de crédito en sus vertientes doméstica y desmelenada– con la aparición de la retahíla de palabras que suelen acompañar estas tipologías delictivas –malversación de caudales, cohecho, defraudación, falsedad de documento mercantil, tráfico de información reservada y secreta y etcétera–, poco se puede decir que no se haya dicho ya. En cualquier caso, intentemos aplicar la máxima de Concepción Arenal y mostremos una filosófica compasión por los delincuentes y odiemos firmemente al delito.
Aún así, cabe reiterar que la sociedad reclama y exige el castigo de los corruptos como requisito imprescindible para devolver a la convivencia ciudadana los rasgos de sociabilidad necesarios para recuperar la credibilidad hacia determinados ámbitos de la vida política.
Pero, no nos engañemos, no basta con el castigo a los culpables ya que, a la vez, se requiere que desde el ámbito político, desde los lugares donde se han generado la mayor parte de actuaciones irregulares, se asuman responsabilidades y se tomen las medidas que ofrezcan garantías suficientes de que su actuación futura reposará exclusivamente en la honestidad y el compromiso sincero con la gestión de los intereses ciudadanos y así dejar de ser la vergüenza de todos.
Palma, 25 d'abril de 2008
28/04/2008
