La familia “atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia” declaró recientemente el actual arzobispo de Madrid, Antonio Maria Rouco Varela quien a su vez reclamó de los poderes públicos “protección a la dignidad natural del matrimonio”. La Iglesia católica solicitará respaldo a la manifestación que contra los matrimonios de parejas del mismo sexo ha convocado para el próximo mes de junio la asociación Foro de la Familia.
A propósito de estas declaraciones me viene a la memoria que siendo presidente de la Conferencia Episcopal Española el cardenal monseñor Antonio Maria Rouco Varela y como consecuencia del impacto que causó entre el público la proyección en los cines de la “La Pasión de Cristo” éste, acompañado del recién designado cardenal, obispo de Sevilla y fraile franciscano Carlos Amigo y del insólito ex pintor bohemio convertido ahora en jefe de los denominados “kikos”, Kiko Arguello, se dispusieron a visualizar un pase privado del conocido film. Hasta aquí solo llama la atención la presencia entre dos cardenales del autor de murales pictóricos de tema eclesiástico de dudosa autenticidad y buen gusto el mismo personaje que a su vez es capataz de una renombrada secta denominada Camino Neocatecumenal. Pero lo que realmente me dejó atónito fue —tal como recogieron los medios de comunicación— que monseñor Rouco declarase no haber asistido a una proyección cinematográfica desde 1973.
Una vez más cabe denunciar el excesivo poder que la Iglesia católica española ha poseído y posee en nuestra sociedad a través de un trato privilegiado en su relación con los poderes del Estado así como su permanente intromisión en la regulación de aquellos aspectos que, afectando a la sociedad en general, deben ser reglamentados con independencia de las creencias religiosas. Esta posición privilegiada es especialmente desorbitada si la comparamos con el trato recibido por otras confesiones religiosas o sencillamente por los que, probablemente siendo mayoría, no profesamos ninguna creencia religiosa reglada, incluidos aquellos que creen en Dios sin más. Se trata de una intromisión política, profundamente conservadora, procedente de los poderes religiosos la cual, a su vez, se enfrenta de forma manifiesta con una sociedad en permanente transformación, especialmente en el ámbito de las costumbres y creencias. Esta anacrónica pretensión de la Iglesia católica de regular para toda la sociedad aquellos aspectos del comportamiento humano que solo deberían afectar a sus feligreses se acrecienta ante una evidente falta de adecuación de la jerarquía de la añeja institución eclesiástica a las realidades del mundo moderno.
El asalto religioso al plano político no puede ser aceptado en una sociedad moderna, pluricultural y respetuosa con los derechos colectivos e individuales. Que la Iglesia católica o cualquier otra quiera imponer a sus fieles que libremente lo acepten conceptos como la sacramental consideración del matrimonio, la finalidad exclusivamente reproductiva de las relaciones sexuales o la existencia del Paraíso Terrenal y el Infierno va por su cuenta. pero oponerse desde el chantaje moral y la movilización política a que la sociedad civil a través de sus representantes políticos reglamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, la eutanasia, el aborto o el divorcio es ir más allá de lo que la sensibilidad política y el respeto democrático debiera contemplar.
Es comprensible e incluso aceptable que los poderes políticos sean sensibles con la que es la creencia religiosa más extendida y tradicional entre las existentes en las tierras ibéricas, el problema estriba dónde debe acabar la sensibilidad y dónde debe comenzar la defensa de los valores del Estado de Derecho en una sociedad formalmente laica y democrática.
Para comenzar los poderes públicos, incluida la Corona, deberían abstenerse en los ámbitos políticos de todo tipo de práctica pública institucional de contenido religioso totalmente respetable en el ámbito privado pero no en los actos inherentes a la función política. La intromisión histórica de la Iglesia católica y de la derecha política en la protocolización religiosa de todo tipo de fasto debería finalizar ya sea en el Ministerio de Defensa o en el Ayuntamiento de Palma
Pep Vílchez
24 de maig, 2005
