La contundente intervención de la fiscalía anticorrupción en la operación Voramar no debería soslayar el hecho de que las actuaciones irregulares realizadas desde las administraciones públicas están yendo, en Mallorca, mucho más allá de los hechos encausados en el municipio de Andratx.
Múltiples aspectos de nuestra vida pública se ven afectados por prácticas moralmente reprochables. Nepotismo, enchufismo, clientelismo, "pelotazos" cobro de comisiones y toda la casuística de la picaresca cotidiana de la que todos tenemos, de alguna manera, noticia. En definitiva: ausencia de espíritu de servicio público que, en todas sus vertientes, contribuye, decididamente, a generar el clima que arropa el desarrollo de corruptelas, que afectan, de manera especial, a las administraciones municipales.
Existe, pues, un clima de "comprensión" y tolerancia que desde determinadas instancias públicas y políticas propicia un cúmulo de irregularidades que no sólo afectan al urbanismo y que, en conjunto, corroen los pilares de la convivencia cívica.
A nadie se le oculta que ha calado entre la ciudadanía una complaciente resignación que atribuye a la labor política una irremediable vertiente corrupta. Gran parte de las anomalías que son conocidas en el ámbito público se sustentan en un clima de impunidad. Existe una percepción de que la paralización del delito sólo es posible a través de la actuación policial y judicial, lo cual, en sí misma es insuficiente para atajar de raíz las causas que facilitan las prácticas delictivas.
Es ese clima de complicidad, más tácito que expreso, esa resignación que invade muchas instancias de la administración y que afecta a parte de la ciudadanía la que facilita y posibilita el descarado desarrollo de reprochables actuaciones que van desde la patrimonialización de lo público hasta la delincuencia pura y dura como la aflorada en diversas actuaciones municipales, que van más allá de los casos conocidos en Sineu, Ses Salines, Santa Margalida o Calvià.
La sociedad en general y, especialmente, los servidores públicos, tiene que asumir el reto de acotar la actuación de los corruptos en todas sus variantes y magnitudes denunciando su actuación y, sobre todo, aislando moralmente a los corruptos, es decir: a aquellos que se apropian de lo público en beneficio propio, con independencia de que el fruto de sus prácticas se destine a la adquisición de un coche de lujo o, sencillamente, sirva para menoscabar el derecho que los ciudadanos tienen a recibir unas contraprestaciones dignas como contrapartida a los impuestos que taxativamente las administraciones les exigen.
Generar un clima generalizado de rechazo es, sin paliativos, una de las claves para abrir un proceso de regeneración que devuelva a la actividad pública, a políticos y funcionarios, los niveles de dignidad y eficacia exigibles a una sociedad moderna y democrática.
A tal tarea deben ser llamados todos los ciudadanos, todos los demócratas, sean de derechas o izquierdas, a no ser que tenga consistencia aquel razonamiento que sostiene que la corrupción es una de las vertientes de la concepción derechista de la actuación política.
Diario de Mallorca
03/12/06
