Mucho se ha escrito y publicado sobre la transición hacia la democracia que tuvo lugar con posterioridad a la muerte del general Franco. Se ha ensalzado hasta la saciedad el consenso, el entendimiento y el buen hacer que tuvieron los protagonistas de la misma. Pero, después del tiempo transcurrido, es preciso puntualizar que no fue intachable . No lo pudo ser ya que no se facilitaron las condiciones precisas para garantizar un proceso limpio. La restitución de las garantías democráticas sólo podría haberse realizado con corrección en el supuesto de que un Gobierno Provisional, de amplia base democrática, hubiera sido el encargado de proceder a la realización de un plebiscito sobre la forma de Estado y a proceder a convocar elecciones a unas Cortes Constituyentes cuya misión fuera la de redactar un proyecto de Constitución de acuerdo con el resultado plebiscitario y, con la voluntad política de los diputados constituyentes, ser posteriormente refrendada por el conjunto de la población. Y, como todo el mundo sabe, las cosas no sucedieron así y de la ruptura democrática se pasó a la reforma democrática.
Este procedimiento anteriormente citado, intachable y que, por cierto, concuerda plenamente con la resolución de Naciones Unidas del 12 de diciembre 1949 que exigió al régimen franquista respetar las libertades cívicas , no se pudo realizar y, desde las entrañas del aparato del Estado totalitario, surgió la tutela del proceso a través de una ficción de reforma y de un referéndum truculento ante el cual la oposición – hablando claro, los demócratas - se abstuvieron de participar.
La propia legalización de PCE, en abril de 1977, a dos meses vista de las primeras elecciones celebradas en junio del mismo año, no fue un acto de valentía sino fruto del convencimiento en las esferas dominantes de que la exclusión de los comunistas del proceso democrático invalidaba el proceso en sí, y, aún así, se dramatizó ante la población la legalización y se excluyó del primer proceso electoral a todo el espectro a la izquierda del PC en un acto francamente repudiable. Los resultados electorales del PCE fueron los que fueron y la situación que los condicionó la descrita a beneficio de la izquierda más digerible para los reformistas del régimen y también para Washington. Una amplia movilización social de contenido político con centenares de miles de trabajadores, estudiantes, y un amplio espectro ciudadano entre el cual destaca el papel de las fuerzas de la cultura, exigiendo la restitución de las libertades públicas y, en las nacionalidades, un fuerte sentimiento identitario clamando por la restitución de los estatutos de autonomía y así, en estas condiciones, con una milicia expectante y una ultraderecha agresiva y poderosa se procedió a solventar el futuro ofreciendo un lugar a los que, desde una posición privilegiada en el aparato institucional del estado totalitario o desde la preeminencia económica adquirida, consolidada o ampliada en el período franquista se reservaron el abusivo papel de reformistas de lo irreformable : el régimen franquista.
Sólo la firme voluntad de llegar a la meta democrática dio ánimos para aceptar determinadas situaciones, desde la desaceleración de la inflación galopante – Pactos de la Moncloa – hasta la forma de Estado monárquica, la bandera roja y gualda y una Constitución que, aún defendiéndola y acatándola, contiene aspectos singulares de escasa raigambre en los países democráticos y que van más halla de la preeminencia de la línea de sucesión masculina sobre la femenina y que afectan a las funciones del monarca como jefe supremo de los ejércitos – que en cualquier caso deberían estar sin limitación sólo bajo las órdenes del gobierno y del parlamento – y de la propia función de estos en la salvaguarda de determinados valores recientemente evocados en el discurso del Teniente General José Mena Aguado en la Pascua Militar.
Pep Vílchez
Gener, 2006
